Sustrai denuncia que las obras del TAV en Nafarroa incumplen el Derecho Europeo

La Fundación Sustrai Erakuntza, de la mano del eurodiputado Jordi Sebastiá, ha presentado ante la Comisión Europea una denuncia contra los gobiernos español y navarro por incumplir deliberada y reiteradamente múltiples directivas europas al desarrollar el proyecto del TAV en Nafarroa. El eurodiputado de Compromís Jordi Sebastiá entregó ayer a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea una denuncia contra los gobiernos de Madrid e Iruñea por los incumplimientos deliberados y reiterados de las directivas europeas en el proyecto del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Nafarroa. La denuncia, de más de 160 páginas de extensión, ha sido elaborada por Sustrai Erakuntza y cuenta con el apoyo de un amplio arco de agentes en Nafarroa y Bruselas. El documento detalla con argumentos legales y sentencias judiciales cómo el proyecto del TAV en Nafarroa y sus obras en curso incumplen o han incumplido normativas europeas e internacionales, entre las que citan la ausencia de información y participación de la sociedad civil, la invalidez de las Declaraciones de Impacto Ambiental o las afecciones en especies y espaciones naturales protegidos. 

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Sebastiá ha constatado que la denuncia «demuestra y detalla con sólidos argumentos legales cómo el proyecto del TAV en Navarra incumple las disposiciones de al menos cinco directivas europeas y de un convenio internacional». Por ello, el eurodiputado insta a la Comisión Europea a «actuar con contundencia y celeridad». En una nota de prensa, Sustrai Erakuntza recuerda que el TAV en este herrialde «no dispone de un estudio de rentabilidad socio-económica, a pesar de un coste anticipado de 900 millones de euros –equivalente al 5% del PIB de Navarra– para solamente 65 kilómetros de nueva vía, totalmente aislada, sin conexión directa con otra línea de alta velocidad ni con otras vías férreas de ancho europeo». 

En la página web de Sustrai Erakuntza podemos leer que “La denuncia cuenta con el apoyo de un amplio arco de colectivos en Navarra (Ekologistak Martxan/Ecologistas en Acción Pamplona, EQUO Navarra y SEO/BirdLife Navarra) y en Bruselas (Counter Balance/Bankwatch). La queja detalla con evidencias legales y sentencias judiciales cómo el proyecto de TAV en Navarra y sus obras en curso incumplen (o han incumplido), las siguientes normativas europeas e internacionales, especialmente desde el inicio de sus obras en 2011: 

1) Ausencia de información y participación de la sociedad civil y del público: 

El Gobierno de Navarra ha vetado el acceso al público a la información medioambiental sobre el TAV en Navarra desde 2008 hasta 2014, en violación del Convenio de Aarhus relativo a los derechos de acceso a la información ambiental y del artículo 3 de la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental. Así lo reconocieron: -El Defensor del Pueblo de Navarra, en su Resolución de febrero de 2009. -El Tribunal Superior de Justicia de Navarra en su sentencia de diciembre de 2013 (fallada y notificada 43 meses después del recurso presentado por la Fundación Sustrai Erakuntza). 

2) Invalidez de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs):  

Cuando el Gobierno de Navarra inició las obras de construcción del TAV en 2011, sus DIAs aprobadas en 2004 estaban ya caducadas desde 2009. Este hecho fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en una sentencia de junio de 2013 declarando caducadas y nulas dichas DIAs. Además, sin DIAs actualizadas y vigentes las obras de construcción del TAV todavía continúan a día de hoy entre Castejón y Cadreita, y se están tramitando expropiaciones de terrenos en nuevos tramos (Villafranca-Olite-Tafalla). A entender del denunciante, estas actuaciones constituyen infracciones de parte del Gobierno de España y del Gobierno de Navarra a los artículos 2, 3, 6, 8 y 9 de la Directiva 85/337/EEC relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

3) Afecciones en especies y espacios naturales protegidos: 

El trazado del proyecto de TAV y sus obras de construcción afectan directamente a varios espacios naturales protegidos, incluyendo Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) como el Río Ebro y la Laguna del Juncal, que están regulados por la Directiva 92/43/CEE (Hábitats) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Son hábitats importantes para aves nidificantes y migratorias, aves de zonas húmedas y aves esteparias, protegidos por la Directiva sobre la Conservación de las aves silvestres (2009/147/CE). Al ignorar estos espacios naturales protegidos y sus especies protegidas, incluido el visón europeo, el proyecto de TAV en Navarra incumple con el artículo 3 de la Directiva aves silvestres y el artículo 12 de la Directiva Hábitats. El eurodiputado Jordi Sebastià subrayó que “la denuncia de la Fundación Sustrai ante la Comisión Europea demuestra y detalla con sólidos argumentos legales cómo el proyecto de TAV en Navarra incumple las disposiciones de al menos cinco Directivas europeas y de un convenio internacional (Aarhus)”. 

Previamente a la reunión con la Jefa Adjunta de Departamento en la DG ENV, Marie-Claude Blin, Jordi Sebastià presentó el 26 de enero de 2015 a la Comisión Europea (CE) una pregunta parlamentaria “Sobre el TAV en Navarra”, en particular sobre la ausencia de DIAs válidas para su construcción. En su repuesta, la CE admitía desconocer esta situación, por lo que la Fundación Sustrai ha actuado presentando esta denuncia. La cuestión de las DIAs invalidadas está en espera de sentencia definitiva por parte del Tribunal Supremo. Jordi Sebastià urge a los servicios competentes de la CE “a tomar conocimiento de esta exhaustiva denuncia y si es necesario plantear preguntas y aclaraciones a las autoridades españolas y navarras. En caso de que estas respuestas no sean satisfactorias y estas violaciones al derecho europeo perduren, la CE, en conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), debería abrir, sin mayor tardanza, un procedimiento de infracción contra el Gobierno español y hacer cumplir sin más demora la correspondiente reglamentación europea”. 

El proyecto de construcción del Tren de Alta Velocidad o Altas Prestaciones (TAP) en Navarra no dispone de un estudio de rentabilidad socio-económica, a pesar de un coste anticipado de 900 millones de euros (equivalente al 5% del PIB de Navarra) para solamente 65 km. de nueva vía, totalmente aislada, sin conexión directa con otra línea de alta velocidad ni con otras vías férreas de ancho europeo. Si continúa, tal derroche aumentará el déficit y la deuda pública de España y de Navarra, a costa de recortes en otros servicios públicos más prioritarios y demandados. De esta forma, este proyecto ha recibido el rechazo masivo de la ciudadanía navarra, en particular en su Zona Media donde sufren la amenaza de futuras expropiaciones de terrenos particulares y comunales para la construcción de la nueva plataforma ferroviaria. El nuevo trazado discurre paralelo a la línea férrea actual, línea que podría ser modernizada con la tecnología del tercer hilo por un décimo del coste del TAV. Además, si el objetivo de construir una nueva plataforma ferroviaria sigue adelante, la principal estación de la línea férrea actual en Tafalla estará directamente condenada a su cierre. 

Así, no es de extrañar que en las últimas elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo el rechazo al TAV se haya traducido en un importante apoyo electoral a las candidaturas opuestas al proyecto de TAV/TAP, que piden la paralización de las obras. En conclusión, Jordi Sebastià urgió la CE a “actuar con contundencia y celeridad sabiendo que las obras de construcción del TAV siguen en el subtramo Castejón-Cadreita (8.5 km) por parte del saliente Gobierno de Navarra y que se inició el procedimiento expropiatorio en el subtramo Villafranca-Tafalla (30 km) de la mano del Ministerio de Fomento de España”. Añadió que “la repuesta jurídica de la CE no puede llegar una vez construida una infraestructura de tal magnitud, cuyos promotores y las mismas autoridades se han estado ‘burlando’ de la normativa comunitaria desde 2011”.